1. Consolidación efectiva de las facultades propias de
legislación y jurisdicción
que el Art. 129 de la Constitución Nacional atribuye a la
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
2. Sanción de una ley que atribuya al Jefe de Gobierno de la
ciudad de Buenos
Aires el carácter de agente natural del Gobierno Federal que
fija el Art. 128
de la Constitución Nacional.
Además:
Coparticipación federal: A partir del reconocimiento de un
porcentaje propio
efectuado por el Gobierno de la Nación recientemente, la
Ciudad de Buenos
Aires debe participar no sólo de la distribución de los
fondos coparticipables
sino también de las futuras discusiones sobre los criterios
objetivos de reparto
entre la Nación y la totalidad de las jurisdicciones.
Relación con la Provincia de Buenos Aires: El Gobierno de la
Nación
propiciará acuerdos de cooperación financiera entre la
Ciudad de Buenos
Aires y la Provincia de Buenos Aires que procuren compensar
las
prestaciones de servicios que una y otra jurisdicción
realizan a sus
contribuyentes.
Entes descentralizados: La Ciudad de Buenos Aires recibirá
igual tratamiento
y cooperación al resto de las jurisdicciones en entes
descentralizados
relacionados con el desarrollo económico y la regulación de
los servicios
públicos.
Defensa del consumidor: El Gobierno de la Nación y el
Gobierno de la
Ciudad afrontarán conjuntamente, en el ámbito de la Ciudad
de Buenos
Aires, los gastos derivados de la aplicación de la Ley
24.240 en relación a la
recepción de denuncias y asesoramiento en materia de defensa
del
consumidor.
Mercado Central: Ambas jurisdicciones se comprometen a
aumentar el
control fitosanitario, zoosanitario y humano, en el ámbito
del Mercado
Central, y a considerar urgentemente el plan estratégico de
negocios
presentado a la consideración del Directorio.
Juego: El Gobierno de la Ciudad asumirá plenamente sus
competencias en
resguardo de la legislación vigente en materia de regulación
de juegos de azar
en la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual la Nación
suscribirá
inmediatamente los convenios correspondientes.
Transporte: El Gobierno de la Ciudad podrá fiscalizar y
controlar la totalidad
de los servicios de autotransporte, público y de oferta
libre, de cargas
generales y de sustancias tóxicas y peligrosas que operen en
su territorio, con
facultades sancionatorias. Podrá asimismo definir recorridos
y otorgar
permisos. Se transferirá inmediatamente el contrato de
concesión de
Metrovías sobre la operación de Subterráneos de Buenos
aires.
Centros de transferencia: Las playas de carga existentes en
el territorio de la
Ciudad se encuentran legalmente desactivadas. En la
necesidad de generar
centros de transbordo y de generar una política global sobre
la cuestión, el
ENABIEF transferirá, del mismo modo que lo ha hecho con otras
jurisdicciones o entes nacionales, las tierras necesarias
para su construcción.
Mismo tratamiento tendrá la Estación Terminal de Ómnibus de
Buenos Aires.
Puerto de Buenos Aires: El status constitucional actual de
la Ciudad de
Buenos Aires convoca a desactivar el veto de la Ley 24.093 y
efectuar el
traspaso del mismo a esta jurisdicción, independientemente
de la propiedad
de las tierras involucradas.
La ribera y el Riachuelo: Deberá suscribirse entre la Nación
y la Ciudad de
Buenos Aires un convenio que contemple la delegación a esta
última de las
funciones necesarias para actuar en forma directa en la
ejecución de obras
dirigidas a la protección de las descargas pluviales de la
ciudad contra las
sudestadas, y de aquellas destinadas al saneamiento y mantenimiento
correctivo y preventivo del Riachuelo.
Autopista ribereña: la Nación deberá acordar la traza de
autopista que la
Ciudad seleccione en base a las tres posibles propuestas que
han quedado en
pie luego de la decisión administrativa de la Secretaría de
Obras y Servicios
Públicos en 1999, renegociando el contrato de concesión a
fin de hacer
posible la financiación de la misma.
Justicia y Policía Metropolitana: Ambas jurisdicciones se
comprometen a
impulsar en forma conjunta la reforma de la Ley 24.588 para
que la Ciudad
de Buenos Aires pueda contar con instituciones que le
permitan brindar una
mejor seguridad a sus habitantes.
Registros: Mediante la reforma de la Ley 24.588 también se
transferirán a la Ciudad de Buenos Aires el Registro de la Propiedad Inmueble
y, en forma gradual, la Inspección General de Justicia.
Lucha contra la pobreza y el desempleo
1. Política de Hambre Cero. Mantenimiento de los programas
de
emergencia, unificándolos , evitando la utilización política
de los mismos.
Participación de las ONG de carácter humanitario, y
aplicando mecanismos
de autorización, para la percepción de los beneficiarios.
Asignación de trabajo
efectivo a los beneficiarios.
2. Planes públicos de inversión en infraestructura social
con utilización
de la mayor proporción de mano de obra (infraestructura
básica de servicios
públicos, vivienda, etc.) como medida de emergencia y
estímulo a la
inversión privada.
Salud- Educación – Servicios de la Comunidad
1. Coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria,
física y mental, la
educación y los servicios comunes, en el área metropolitana
compuesta por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano, de manera de
favorecer
y proteger los derechos de los habitantes y redistribuir
equitativamente los
costos de su funcionamiento.
2. Sistema Educativo que asegure al educando alcanzar hasta
el Nivel
Secundario, disponiendo el apoyo económico al grupo familiar
que permita
mantener al alumno en la escuela hasta el logro de aquel
objetivo.
3. Incremento de los grados de autonomía de las escuelas.
Capacitación y
jerarquización salarial del docente.
4. En materia de Salud asegurar la excelencia del Hospital
Público,
abaratamiento de los medicamentos y dignificación de los
profesionales del
arte de curar. Seguro de Salud para todo habitante que no
tenga cobertura
social o prepaga, universal, equitativo y solidario.
Regionalización de la
atención nacional de salud.
5. Integración plena de los discapacitados a la vida
productiva, capacitando y
desarrollando fortalezas para su inserción.
6. Tratamiento a fondo de la problemática de las adicciones
en general y de las
drogadependencias.
Individuo y Familia
1. Dictar las formas y controlar su efectiva aplicación para
asegurar la vigencia
de los siguientes principios:
a) El autentico fundamento de la sociedad es el respeto a la
persona humana y a la
familia. El Estado es sólo un instrumento de la Comunidad
por lo que no debe
arrogarse ningún poder que entre en conflicto con los
derechos y libertades
fundamentales de las personas.
b) La familia preexiste al Estado y constituye el núcleo
básico de la estructura
social, por lo que debe asegurarse su plena realización
dentro de un marco de
dignidad, paz y justicia.
c) Toda persona humana por el solo hecho de serlo tiene
derecho a un mínimo de
bienes y servicios que le permita la subsistencia y el
desarrollo armónico de su
personalidad a través de un ejercicio responsable de la libertad.
d) Los individuos, en tanto ciudadanos libres, son los
primeros y máximos
responsables de sus propias vidas y de su desarrollo a lo
largo de su existencia.
Cuando, por causas externas a ellos, no pueden cubrir sus
necesidades vitales, es la
sociedad a través del estado y las instituciones sociales y
comunitarias la que debe
asumir la responsabilidad de la seguridad social y del
bienestar material de estos
ciudadanos que garantice un piso de dignidad.
2. Garantizar todos los derechos y libertades individuales
sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas
o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
Seguridad
1. Política de Estado de aplicación de la ley, por la
Justicia y las fuerzas de
seguridad
2. Política de inversión de la ciudad para mejorar
equipamiento y tecnología
utilizada por la Policía.
3. Jerarquización y educación de exelencia para fuerzas de
seguridad.
4. Política de tolerancia cero para funcionarios públicos
que posibiliten el delito.
5. Política de seguridad efectiva en espacios públicos y
garantía de su uso por
parte de toda la población.
6. Creación de un sistema desconcentrado de denuncias y
sistema de alerta
temprana para delitos y emergencias.
7. Facilitar la creación de fiscalías barriales para
facilitar el accionar de la
Justicia y acercarla a los ciudadanos.
8. Cambios en materia Penal y Procesal Penal para evitar que
quienes cometen
delitos violentos sean excarcelados.
9. Política especial de eliminación del crimen organizado.
10. Política de prevención y represión del terrorismo y el
narcotráfico.
Seguridad Jurídica
1. Política de Estado de cumplimiento de la ley. Consolidar
la seguridad jurídica
como supuesto necesario para el desarrollo y la inversión.
2. Defender la autonomía de la voluntad de las partes al
contratar y garantizar el
cumplimiento de los contratos.
3. Reglamentar el Art. 99, inciso 3º de la Constitución
Nacional que autoriza el
dictado de los decretos de necesidad y urgencia limitando al
máximo su
utilización por el Poder Ejecutivo y poniendo plazo de
caducidad si el Congreso
Nacional no los ratifica; como asimismo si no se forma la
Comisión Bicameral
prevista.
3. Reglar y limitar la delegación de facultades legislativas
en el Poder Ejecutivo.
4. Penalizar los actos estatales que impliquen
transferencias arbitrarias y
generalizadas de ingresos de determinados sectores de la
sociedad a otros.
Política Tributaria
1. Racionalización y simplificación del régimen tributario
atendiendo a una más
justa distribución de la riqueza. Rebaja o eliminación de
impuestos que
desalientan la inversión.
2. Sanción del nuevo régimen de coparticipación impositiva,
atendiendo al
principio de correspondencia entre recaudación y gastos.
Devolución a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
potestades tributarias,
con retención por la Nación de los recursos necesarios para
sus propios
gastos. Recuperación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
del
porcentaje en el Régimen de coparticipación y en consonancia
con el traspaso
de las funciones de policía y justicia.
3. Mecanismos para trasparentar la recaudación tributaria
para combatir la
evasión y eliminar la elusión.
4. Derogación de todas las excepciones Impositivas de Jueces
y Funcionarios
Públicos.
Servicios Públicos
1. Órganos de control de la prestación de los servicios
públicos concedidos o
prestados por empresas públicas, con interrelación de las
Provincias y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en cuanto fueren prestados en sus
respectivas
jurisdicciones.
2. Participación de los usuarios y consumidores en los
organismos de control.
Reglamentación del sistema de Audiencias Públicas.
3. Control de objetivos de cada servicio público, fomentando
donde sea posible
la competencia a favor de los usuarios.
4. Control de actividades monopólicas.
Seguridad Social
Reforma del sistema de Seguridad Social, disminuyendo los
costos de las AFJP,
protegiendo el valor del capital del afiliado y
reestructuración del sistema de reparto,
que disminuya los gastos burocráticos de la ANSES, acelere
los tramites para el
otorgamiento del beneficio jubilatorio y eleve los montos de
las prestaciones
mínimas a niveles de subsistencia. Reforma de la legislación
exigiendo a las AFJP
que sólo puedan invertir en instituciones que hayan obtenido
la máxima calificación
de calificadores de riesgo.
Justicia
1. Reforma de la legislación que creó el Consejo de la
Magistratura y el Juez de
Enjuiciamiento, que tienda a su eficacia y rapidez en los
procesos de
designación y remoción de jueces.
2. Simplificación y tecnificación de los procedimientos
judiciales. Estímulo de
la mediación como alternativa en la solución de los
conflictos.
3. Obligatoriedad de informatizar integralmente el sistema
de procedimientos
dentro de un plazo determinado.
Reforma Política y del Estado
1. Modificación del sistema electoral sobre la base del
principio de otorgar la
selección de los candidatos a la voluntad de los ciudadanos,
y garantizando la
representación de la minorías.
2. Limitación de gastos y facultades de designación de
personal por parte de
cuerpos legislativos. Personal exclusivamente transitorio
dependiente de los
legisladores, con un presupuesto fijo para cada legislador.
Limitación de
presupuestos legislativos, en base al criterio de
programación base cero.
3. Asegurar la efectividad de las leyes de acortamiento de
las campañas
electorales y del régimen de financiamiento de los partidos
políticos, con
severas sanciones para los casos de incumplimiento.
4. Presupuestos base cero, con asignaciones por resultados,
mayor autonomía de
gestión y control del cumplimiento de objetivos de servicios
al público.
Eliminación de funciones superpuestas. Jerarquización de la
carrera
administrativa y asensos por concurso.
5. Modificar la legislación vigente otorgando mayor grado de
transparencia a la
financiación y a la rendición de cuentas de los partidos
políticos, en campaña
y fuera de ella. Establecer tipos penales no excarcelables
Medio Ambiente
Preservar el equilibrio ecológico que evite las alteraciones
indebidas del medio
ambiente, a fin de hacer efectiva la responsabilidad
indelegable del Estado en esta
materia.
Política Exterior
1. Reafirmación del MERCOSUR, como primer escalón de nuestra
inserción en
el mundo.
2. Defensa de la paz como bien supremo de la humanidad,
repudiando el uso de
la fuerza como instrumento de dominación entre los países.
3. Promover la formación de un gran foro universal convocado
por el Sumo
Pontífice y los líderes religiosos del mundo, que respalde
una organización
igualitaria de naciones para reestablecer el equilibrio
internacional perdido.
Política Económica
1. Garantizar reglas de juego estables y conocidas en
materia
macroeconómica (política fiscal, monetaria y cambiaria).
2. Garantizar la independencia del Banco Central y
resguardar su función
de custodio del valor de la moneda.
3. Generación de instrumentos de garantías y crédito, en
particular para
pequeñas y medianas empresas generadoras de empleo.
4. Defensa de la competencia libre, leal, efectiva y
sostenibles, en
resguardo de los intereses de los consumidores.
5. Exigir al Estado que, para la creación de nuevas empresas
bajo su
órbita, demuestre su
necesidad, viabilidad, sustentabilidad y
conveniencia, mediante la calificación institucional del
proyecto.
Libertad y
democracia sindical
Control público
sobre la explotación de los recursos naturales para un desarrollo industrial en
función de las necesidades sociales